Los inmigrantes sin papeles son fantasmas dentro del mar de estadísticas que maneja el Gobierno. Nadie sabe con exactitud cuántos hay en Espa-ña. Ni el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ni la oposición, ni los sindicatos, ni las ONG. Son el único colectivo con el que el Ejecutivo no puede contar a la hora de calcular los presupuestos para sus políticas de integración. Pero hay algo en lo que todas las organizaciones coinciden, incluso el PP: la burbuja de indocumentados se ha reducido notablemente desde que el PSOE llegó a la Moncloa en 2004.

En concreto, hoy hay entre 100.000 y 250.000 sin papeles en España, según se atienda a las últimas estimaciones del Ministerio de Trabajo o a las cifras de los últimos estudios sociológicos. El dato, en cualquier caso, refleja una caída de en torno a un millón en el número de indocumentados respecto a 2004, cuando se asume que había 1,2 millones de indocumentados.

Sólo el 5% de los extranjeros están indocumentados. En 2004 eran el 40%

Explican esta reducción los 565.000 extranjeros que fueron regularizados en 2005, así como los 322.518 inmigrantes que salieron del pozo de los sin papeles entre 2006 y el 30 de junio de 2011 mediante la fórmula del arraigo social o laboral (son dos posibilidades que ofrece la Ley de Extranjería para que personas en situaciones especiales salgan del limbo legal). El resto, hasta llegar al millón, se corresponde con los rumanos que legalizaron de facto su situación tras la entrada de su país en la Unión Europea (la rumana es la principal colonia extranjera en España, con 900.000 personas que gozan de libre tránsito) y con el retorno de una parte importante de extracomunitarios a sus países de origen debido a la crisis.

En cuanto al arraigo social, al que recurre la mayoría de sin papeles para regularizar su situación, exige demostrar una residencia de tres años en España y tener un contrato de, como mínimo, un año de duración. Para la vía del arraigo laboral, hace falta haber residido dos años en España y trabajado uno.

Las ONG piden a Rajoy que mantenga la regularización por causas excepcionales

Hace diez días, unas declaraciones del portavoz del PP de inmigración, Rafael Hernando, sobre la posibilidad de que el Gobierno entrante vaya a eliminar la vía del arraigo (o al menos restringirla) desataron un torrente de reacciones de las organizaciones del sector de la inmigración, que la defendieron como una forma de integrar en la sociedad a extranjeros irregulares.

'Es bueno para ellos y también para la sociedad en general, porque cotizan a la Seguridad Social y tienen derechos y deberes', explica Lorenzo Cachón, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y expresidente del Foro para la Integración social de los Inmigrantes.

El Gobierno, que respalda la teoría de Cachón, rechazó en 2009 la enmienda que presentó el PP a la reforma de la Ley de Extranjería (en total, presentó 61 y ninguna fue admitida), con la que pretendía endurecer el arraigo. Los populares pidieron que el 'periodo mínimo' para el arraigo fuese de tres años y que los interesados tuviesen que realizar un examen sobre lengua española y normas del país. No obstante, el PP excluyó el contrato de integración de su programa electoral para las elecciones del pasado 20 de noviembre. Aunque Hernando reconoce que el arraigo ha reducido la bolsa de irregulares, opina que este proceso, junto a la regularización de 2005 y las reagrupaciones familiares, 'han favorecido' la llegada de indocumentados. Su tesis, no obstante, no cuenta con demasiado respaldo entre los abogados, sociólogos y asociaciones consultados por este periódico.

La crisis ha hecho retornar a sus países a numerosos extracomunitarios

La Ley ofrece el arraigo como un instrumento excepcional. 'No debe configurarse como un derecho de todos o un sistema automático. Hay que analizar caso por caso porque cada persona tiene una situación diferente', apunta la secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón. 'Hay gente que llegó con permisos de estudios, otros como turistas... y hay quevalorar el esfuerzo de integración de la persona o si tienecontrato de trabajo', explicó.

El Gobierno ha sido siempre reacio a realizar estimaciones de cuántos sin papeles viven en España, pero Terrón asegura que, en la actualidad, 'no hay más de 100.000'. Son, con diferencia, las estimaciones más optimistas que cualquier organismo ha realizado en la última década.

UGT alerta de que el visado de trabajo no garantiza derechos a los trabajadores

Entre los últimos cálculos de expertos, se encuentra el que han publicado recientemente Cachón y la profesora de la Florida International University María Aysa-Lastra. Según sus estimaciones, España pasó de tener 1,2 millones de sin papeles (el 40% de los inmigrantes que había en 2004) a menos de 250.000, en enero de 2011. Esta cifra representa el 5% de los inmigrantes que viven en España.

A estas cifras se llega después de cruzar el número de personas empadronadas en el país con el total de residentes legales. En realidad, ninguno de estos indicadores permite realizar una radiografía precisa, por lo que los cálculos varían según el margen de error que apliquen y los datos extras disponibles. La estimación de Terrón, por ejemplo, incluye también los datos de las aerolíneas sobre pasajeros que han viajado a sus países sin billete de vuelta a España.

El presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, reclama al Gobierno entrante 'respeto' a las personas que viven en España sin tener su documentación en regla y pide que no endurezca la legislación actual. Además, la mayoría de ONG coincide en señalar que restringir el arraigo aumentaría la bolsa de inmigrantes sin papeles.

Otras propuestas que planteó el portavoz del PP de inmigración fueron la prohibición por ley de las regularizaciones masivas o la creación de un visado de búsqueda de empleo. Hernando señaló que el visado permitirá al extranjero desplazarse a España para buscar trabajo concediéndole un plazo de tiempo determinado tras el cual, si no tiene empleo, deberá volver a su país.

UGT afirma que la propuesta del visado de búsqueda de empleo es una fórmula que 'existe en España desde 2003' y denuncia que 'no garantiza los derechos de los trabajadores', porque 'no requiere compromiso alguno por parte del empleador'.